Claudia Salazar

Agencia Reforma

Jalisco 22-Mar-2024 .-El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una nueva legislación en Protección Civil, donde Morena le carga a los estados y municipios la responsabilidad de contar con los recursos suficientes para hacer frente a los desastres naturales.

En ella, se concreta la desaparición de fondos federales para atender los desastres naturales, considerados en la ley vigente.

La Federación no tendrá la obligación, sólo la facultad de "promover" la aplicación de instrumentos financieros para atender las emergencias, conforme a disponibilidades del Presupuesto de Egresos y normas de la Secretaría Hacienda.

Con 242 votos a favor y 204 en contra se aprobó en lo general la nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, la cual fue turnada al Senado. 

En la discusión en lo particular se presentaron 120 reservas y se apuntaron 40 oradores.

La propuesta es una iniciativa del Ejecutivo federal, presentada el 3 de octubre de 2023, 22 días antes de que el huracán "Otis" tocara tierra en Guerrero.

Pese a esa experiencia, que devastó Acapulco y evidenció la inacción de autoridades, en la nueva ley no se agregaron medidas para fortalecer acciones de protección civil.

Por el contrario, se modificó la redacción original del Presidente, que planteaba que el objetivo de la ley era "la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno", en materia de protección civil.

En lugar de ello, en el artículo primero señala que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, "coordinarán sus acciones" en materia de protección civil y la gestión del riesgo de desastres.

"El presupuesto de egresos de las entidades federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales.

"El monto que cada entidad federativa debe destinar para ese objeto corresponderá, como mínimo, al 10 por ciento del promedio obtenido de la aportación que la entidad federativa haya realizado en los últimos cinco ejercicios fiscales actualizado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para la reconstrucción de su infraestructura dañada", señala el artículo 18 de la nueva ley.