La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha emitido la Declaratoria de Reforma Constitucional en materia de extorsión, un hito que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general para combatir este delito que ha escalado a niveles preocupantes en el país. Esta aprobación, respaldada por 25 Congresos locales, se remite ahora al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor, marcando un avance significativo en la lucha contra uno de los crímenes que más daño económico y social causa a los ciudadanos y empresas.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones. Este dato es alarmante, ya que representa un incremento del 57% en tan solo seis años, evidenciando una escalada preocupante en la incidencia de este delito.

Más allá de las cifras diarias, la extorsión impone un costo incalculable a la sociedad y la economía. El Inegi señala que en 2023, la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas, generando un impacto financiero devastador. El costo de este crimen superó los 124 mil millones de pesos, una cifra que equivale al 0.51% del Producto Interno Bruto del país. Este daño económico no solo afecta a las grandes empresas, sino que golpea directamente a los pequeños negocios y emprendedores, frenando el desarrollo, destruyendo empleos y generando un clima de incertidumbre y miedo.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, manifestó que "el Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el inciso A, de la Fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión." Esta reforma es un llamado urgente a la acción, dada la creciente incidencia de este delito.

Los Congresos que dieron su visto bueno a esta reforma crucial incluyen a Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México, reflejando un consenso nacional sobre la necesidad de fortalecer el marco legal.