Ciudad de México - Con 352 votos a favor y 133 en contra, la mayoría oficialista de la 4T en la Cámara de Diputados Morena, PVEM y PT, aprobó una serie de nuevos impuestos y el incremento de gravámenes existentes, los cuales, entrarán en vigor en 2026. Se estima que estas modificaciones aportarán 271 mil millones de pesos adicionales al Gobierno federal.

Entre los principales impuestos y aumentos aprobados destacan:

• Refrescos, tabacos y videojuegos con contenido violento: Se aplicarán incrementos a estos productos de consumo popular.
• Sueros orales: También se verán afectados por nuevos gravámenes.
• Servicios prestados por el Estado: Aumentos en pagos por trámites migratorios, verificación de helipuertos, licencias de aeronavegabilidad y vigilancia de instalaciones financieras.
• Formato SAM (Salida de menores al extranjero): Se impone un cobro de 294 pesos para adquirir este documento, que anteriormente era gratuito.
• Permisos de residencia temporal: Incremento del 109%, alcanzando los 25 mil pesos para permisos de cuatro años.
• Servicios de inspección en casas de bolsa: Se aplicará una tarifa de 31 millones de pesos.
• Derogación de exención fiscal: Se elimina para personas físicas y morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales.

El legislador priista Jericó Abramo detalló que los incrementos abarcarán Derechos, IEPS, Aduanas y Código Fiscal. Sin embargo, el mismo Abramo criticó que, si bien estos recursos son significativos, solo representan una "migaja" de los 1.5 billones de pesos adicionales que, a su juicio, el país requiere para estabilizar sus finanzas.

La legisladora panista Noemí Luna cuestionó la efectividad de estos aumentos, señalando que se incrementan cobros migratorios sin inversión en seguridad fronteriza, se crean cuotas en telecomunicaciones sin garantizar internet en comunidades rurales y se aumentan las cuotas de entrada a museos y zonas arqueológicas.

Por su parte, la morenista Alma Delia Navarrete defendió las modificaciones, argumentando que son una herramienta para fortalecer la capacidad del Estado y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.