TABASCO. En el desfalco multimillonario al fondo de pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) hubo corrupción, omisión y complicidad de funcionarios de los últimos tres sexenios, que incluye al último de la era priísta y a los dos primeros de facción de izquierda, ambos conformados por personajes que, en su momento, fueron encumbrados por Andrés Manuel López Obrador. El festín fue de 2 mil 566 millones 103 mil 488 pesos.
Según el primer informe de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves en el Congreso del Estado, en el quebranto al organismo encargado de administrar las aportaciones de los burócratas, estarían involucrados los ex secretarios de Finanzas de los periodos 2007-2012, José Saiz Pineda; 2013-2018, Amet Ramos Troconis; y 2019-2022, Said Mena Oropeza.
De acuerdo con la investigación, la malversación de los recursos incluye pensiones doradas de hasta 124 mil pesos mensuales para funcionarios de la alta burocracia que se jubilaron con el 100% de sus salarios, durante los gobiernos de Andrés Granier Melo y Arturo Núñez Jiménez.
El director general del ISSET, Rodolfo Lehmann Mendoza, desglosó los movimientos históricos financieros del fideicomiso para jubilados y pensionados, efectuados desde el 24 de julio del año 2000, fecha en que fue creado, hasta el 2024. El fondo inició con un monto de 40 millones de pesos, cantidad que con el paso de los años registró ingresos, pero también sufrió egresos considerables.
La actual administración que encabeza Javier May Rodríguez recibió al ISSET con un fideicomiso de 33 millones de pesos, mismo que tuvo una aportación del Gobierno del Estado por el orden de 98 millones de pesos.
Ventiló que los Comités de Control de este instrumento fiduciario eran presididos y controlados por los secretarios de Finanzas de cada gobierno. Fueron ellos lo que conocieron de primera mano la ruta del atraco.
JUBILACIONES INMORALES
El rastreo de los recursos permitió detectar, de acuerdo con Lehmann Mendoza, que el primer retiro sospechoso se dio en el año 2007. Desaparecieron 372 millones 98 mil 729 pesos y dejaron el fondo completamente vacío, acusó.
A ese desvío, se sumaron otros movimientos anormales en los años 2010, 2012 y 2022, durante los cuales el fideicomiso no recibió ninguna aportación gubernamental. En tanto que en los años 2017, 2018, 2019 y 2022 sí hubo fuertes aportaciones por parte del Gobierno del Estado, pero éstas fueron retiradas casi de manera inmediata.
Lehmann dio un repaso sobre la deshonestidad con que se actuó en el atraco de los recursos, al hacer referencia a las pensiones concedidas a altos funcionarios. Admitió que aunque la metodología que se siguió no fue ilegal, sí cayó dentro del terreno de la inmoralidad, ya que 50 funcionarios de primer nivel se jubilaron con sus sueldos íntegros.
Para cubrir el requisito jurídico, reformaron la Ley del ISSET, primero en el año 2011, para permitir las jubilaciones de funcionarios de confianza de la alta burocracia. Y luego volvieron a modificar la norma en 2012, para prohibirlas nuevamente. Esta maniobra maquinada desde las direcciones General y Jurídica del instituto, consiguió “blanquear las jubilaciones establecidas”.
El coordinador general de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Jesús Manuel Argáez de los Santos, adelantó que se iniciarán investigaciones para identificar las condiciones en que se dieron dichas pensiones y verificar si pueden echarse atrás.
A su vez, el secretario de Administración y Finanzas, Julián Enrique Romero Oropeza, dio a conocer que la instrucción del gobernador May es hacer frente al compromiso mediante una disciplina financiera y una correcta aplicación de recursos, para que sean canalizados a los programas sociales en beneficio de la ciudadanía.
Dijo que se cuenta con un “Capital Semilla” de 135 millones en el fideicomiso, mismo que proyectan aumentar con las aportaciones de los trabajadores. La determinación del actual gobierno es que nunca vuelva a haber erogaciones sospechosas en el fondo, por lo que se normarán las reglas de operación y se transparentará el uso y manejo del fondo.
MANO DURA A SAQUEADORES
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Mileyli Wilson Arias, expuso que se han llevado a cabo auditorías e investigaciones respecto al ejercicio de los recursos del fideicomiso y se procederá conforme a derecho. Adelantó que están en puerta 13 nuevas auditorías.
El vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, el diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, quien fue un funcionario estatal allegado al gobernador Andrés Granier en esos tiempos, calificó como “un problema grave la situación económica del ISSET”, y se pronunció por aplicar sanciones severas a quienes dañaron el patrimonio de los trabajadores.
“Mano dura (…) porque el problema que trae el ISSET es un problema grave. Está en terapia intensiva, en algún momento tenemos que endurecer para lo que va a salir, porque ha crecido tanto la burocracia”, sentenció.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Nelson Humberto Gallegos Vaca, reiteró el compromiso de su fracción por impulsar las investigaciones.
“El PRD ha pugnado para que se llevara a cabo una investigación apegada a Derecho, que tuviera como fin la reparación del quebranto económico al ISSET, delitos que en algunos casos ya pudieron haber prescrito (…) hacer de alguna manera mucho ruido, eso no le va a dar solución”, puntualizó.
