VERACRUZ. El político y empresario Antonio del Río Argudín alzó la voz para exigir justicia tras la notificación de la Recomendación 020/2025 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en la que se acredita que fue víctima de tortura durante su detención en 2022, bajo el gobierno del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez.

“Hoy se marca un hecho histórico, pero lamentablemente uno que demuestra la tortura y persecución política que sufrimos muchos veracruzanos durante ese sexenio”, declaró del Río Argudín.

El empresario relató que fue brutalmente golpeado en el módulo de prisión preventiva de Veracruz, conocido como “El Penalito”, donde recibió más de 40 tablazos, ocasionándole una protusión discal irreversible en la columna vertebral. Señaló directamente al entonces director de la cárcel, Iván Márquez Lucido, como su agresor.

Ante esta resolución de la CEDH, exigió la detención inmediata de Márquez Lucido y llamó a la gobernadora Rocío Nahle García a intervenir en el caso, “Sé que a ella no le gusta ningún tipo de violencia y le pido justicia como un veracruzano más”.

También solicitó la actuación de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, para que proceda legalmente contra su agresor.

Asimismo, agradeció al diputado local Héctor Yunes Landa, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, por dar seguimiento puntual al caso y vigilar que la recomendación sea cumplida por el gobierno estatal.

Del Río Argudín subrayó que esta resolución demuestra cómo en el gobierno de Cuitláhuac García la represión no era contra criminales, sino que emanaba desde el mismo aparato gubernamental contra opositores políticos.

Ahora, la administración estatal tiene la posibilidad de aceptar o rechazar la recomendación, pero el empresario recordó que una resolución de derechos humanos es producto de una investigación y dictamen sobre un delito de lesa humanidad, por lo que su cumplimiento es fundamental para la justicia.

Finalmente, Antonio del Río Argudín reiteró su llamado al gobierno estatal para que rompa con el pasado de persecución política y haga justicia en su caso y en el de todas las víctimas de tortura en Veracruz.