VERACRUZ. El caso de tortura contra Antonio del Río Argudín cometido en el Penalito de Playa Linda, acreditado bajo estándares internacionales como el Protocolo de Estambul, pone en evidencia la grave omisión y negligencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), encabezada por Namiko Matzumoto Benítez, y de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

A pesar de contar con pruebas contundentes y dictámenes periciales, las autoridades responsables no han actuado para garantizar justicia y reparación del daño a la víctima, perpetuando así la impunidad.

En diciembre de 2024, la CEDH recibió el dictamen psicológico elaborado por la especialista Laura Silvia de Castro Quintana, que confirma la tortura sufrida por Del Río Argudín, según lo acreditado en la Carpeta de Investigación N° FEIDT/308/22.

Este documento, basado en el Protocolo de Estambul, es reconocido internacionalmente y obliga a los Estados firmantes, como México, a actuar con diligencia en casos de tortura, un delito considerado de lesa humanidad.

Sin embargo, la CEDH no ha emitido la recomendación correspondiente al Gobierno del Estado de Veracruz, pese a que esta debería ser una medida inmediata para reparar el daño.

El delito de tortura se cometió durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, específicamente en el centro de detención regional conocido como “El Penalito”, bajo la dirección de Iván Márquez Lucido, quien sigue laborando en la Secretaría de Seguridad Pública.

Este funcionario ha sido señalado como responsable directo de los actos de tortura física y psicológica contra Del Río Argudín, que le dejaron secuelas físicas y emocionales irreversibles, como protrusión discal y daños en las vértebras 4 y 5.

A pesar de la gravedad del caso y de las pruebas contundentes, la FGE, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, ha ignorado su responsabilidad de judicializar el caso. Esta omisión no solo contraviene los derechos de la víctima, sino que también viola los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos.

La inacción de la Fiscalía convierte este delito en un acto de impunidad, enviando un mensaje preocupante sobre la falta de voluntad para combatir la tortura en Veracruz.

Por su parte, Namiko Matzumoto Benítez, como presidenta de la CEDH, tiene la obligación de actuar como garante de los derechos humanos. Sin embargo, su gestión ha permitido que la tercera visitaduría, encabezada por Mariana Torres, retrase injustificadamente la emisión de la recomendación.

Este caso no solo expone la falta de compromiso de la CEDH con su mandato, sino que también revela un patrón de inacción frente a otros casos de tortura en el estado, que suman más de 150, según datos oficiales.